Desde la ventana de los despachos del Servicio de Administración y Contratación del órgano gestor del Parque, el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola (el Patronato Metropolitano del Parque de Collserola de la primera época), se divisa un espacio natural que conmemora el trigésimo aniversario de la aprobación del Plan Especial que marca un punto relevante a la historia reciente de Collserola.

La gestión de este espacio se ha llevado a cabo en este periodo mediante la herramienta de una administración pública institucional, que se añadía a las que ya estaban presentes en el terreno de juego del sector público. Ciertamente, la concertación pública en la gestión del territorio se ha consolidado, partiendo de unos inicios en que se ejercía en exclusiva desde la gobernación metropolitana de Barcelona (Corporación Metropolitana de Barcelona y Mancomunidad de Municipios del área Metropolitana de Barcelona) en la época actual en que el modelo administrativo que se ha implementado permite la colaboración de diferentes administraciones con competencias sobre el territorio: desde la administración autonómica (la Generalitat de Cataluña), a la administración local (representada aquí por los ayuntamientos con parte de término municipal al Parque, la Diputación de Barcelona y el área Metropolitana de Barcelona).

Estos treinta años han permitido madurar una administración que se abrió tímidamente en un entorno lleno de instituciones con competencias en el territorio hasta el punto que actualmente su reconocimiento es muy relevante, fruto del trabajo de un equipo humano que ha volcado su esfuerzo profesional en este Parque desde varios ámbitos, también, desde el administrativo.

El ente gestor se ha desarrollado en un entorno, el sector público, que requería una función estructuradora del funcionamiento de la institución, con el objetivo de hacer posible el procedimiento para que se pudieran lograr las funciones finalistas de los otros servicios de la entidad pública en el desarrollo del Plan Especial. En este contexto y desde la retaguardia del ámbito más burocrático y discreto de la institución se ha trabajado de manera constante para hacer posible la acción cotidiana de los otros servicios del organismo gestor, vertebrando líneas de trabajo de asesoría jurídica, de asistencia a los órganos de gobierno y de consulta, de gestión económica, de recursos humanos, de gestión del patrimonio, de políticas de los servicios centrales, de convenios con administraciones públicas y entidades privadas, de colaboración con el mundo universitario y los centros educativos, de archivo y, más recientemente, de transparencia y administración electrónica.

Un aspecto interesante a subrayar de los que preveía el Plan Especial es el relativo al patrimonio en cuanto al régimen de propiedad del Parque. Se ha asumido el reto de ser rigurosos con el deber de gestionar un gran parque forestal para Barcelona que se consiguió gracias a la política de adquisición de suelo desarrollada por el Ayuntamiento de Barcelona, primero, y por la Corporación Metropolitana de Barcelona, después, antes de la aprobación del Plan Especial. En el decurso de los últimos 30 años se ha incrementado ligeramente la hacienda pública de suelo, de tal manera que actualmente computamos en Collserola unas 3.200 ha públicas.

Uno de los objetivos de patrimonio ha sido formalizar jurídicamente la gestión ordinaria llevada a cabo por el órgano gestor de las fincas públicas del Parque. En este sentido, en la última etapa se ha llevado a cabo una relevante tarea para identificar, solicitar y aceptar la adscripción del uso y la gestión de fincas públicas dentro del ámbito del Parque.

En estos años se han administrado presupuestos equivalentes en euros constantes de 2017 entre los cinco y los ocho millones de euros anuales. Hay que señalar, en este punto, el papel financiador de la Corporación Metropolitana de Barcelona, en su día, y de la Mancomunidad de Municipios del área Metropolitana de Barcelona, más tarde, en la primera etapa; así como la incorporación de la Diputación de Barcelona a partir de 1999 y de la Generalitat de Cataluña, más modestamente, a partir de la declaración de Collserola como Parque Natural, en octubre de 2010.

Durante este periodo se han conformado unos servicios administrativos y jurídicos que a fecha de hoy ya son maduros y tienen las bases lo suficientemente sólidas cómo para afrontar los retos de futuro y defender con solidez los intereses del Parque Natural de Collserola. El ámbito de trabajo tiene elementos comunes generalistas similares a otras administraciones públicas, pero a la vez se ha ido especializando progresivamente en los aspectos específicos de este espacio natural protegido. En definitiva, esta es una administración que ha demostrado en el decurso de los años de crecimiento y mayoría de edad que se ha consolidado, que es un actor relevante más al que hay que escuchar y tener presente en cualquier acción que pueda afectar en el Parque Natural.

Sin duda buscar la fórmula más adecuada de financiación y el modelo más adecuado de organización administrativa que tiene que gestionar el territorio en el futuro es uno de los retos más interesantes que tenemos sobre la mesa.